En un golpe significativo contra las políticas económicas del presidente Donald Trump, dos jueces han ordenado al gobierno federal recurrir a miles de millones de dólares en fondos de emergencia para cubrir al menos parcialmente los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que alimenta a más de 42 millones de estadunidenses. Esta decisión provisional significa que el gobierno no podrá suspender los pagos al principal programa de ayuda alimentaria del país, como había planeado hacer.
El SNAP es un programa vital que proporciona apoyo financiero para que las personas puedan comprar alimentos frescos y nutritivos. Sin embargo, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, había asegurado que el programa estaba quedando sin recursos debido al cierre del gobierno federal, conocido como shutdown, y no podían utilizar un fondo de contingencia para cubrir los gastos.
La orden judicial fue emitida después de que un grupo de ciudadanos afectados por el SNAP presentaron una demanda contra la administración Trump. Los jueces determinaron que la suspensión de los pagos del programa sería «irrazonable y no justificada» y que el gobierno debía utilizar fondos de emergencia para cubrir los gastos del programa.
La orden judicial es un golpe duro contra las políticas económicas del presidente Trump, quien ha sido crítico con el SNAP en varias ocasiones. El programa ha sido blanco de ataques políticos desde hace tiempo, y algunos miembros del Congreso han intentado recortar fondos o reformarlo.
La orden también es un alivio para las millones de personas que dependen del SNAP para obtener alimentos. Según datos del Departamento de Agricultura, el programa ayuda a más de 42 millones de estadunidenses cada mes, lo que representa cerca del 12% de la población total del país.
Aunque la orden judicial es provisional, puede tener consecuencias importantes en el futuro del SNAP. Si el gobierno no recurre a los fondos de emergencia para cubrir los gastos del programa, podría verse obligado a suspender temporalmente los pagos, lo que afectaría negativamente a las personas que dependen del programa.
La orden judicial también plantea preguntas sobre la capacidad del gobierno para manejar un programa tan amplio y crítico. El SNAP es uno de los programas sociales más grandes del país, y su financiamiento es crucial para mantener a las personas alimentadas y saludables.
En conclusión, la orden judicial emitida por dos jueces federales contra el gobierno federal es un golpe significativo contra las políticas económicas del presidente Trump. La decisión provisional significa que el gobierno no podrá suspender los pagos al principal programa de ayuda alimentaria del país, lo que es un alivio para las millones de personas que dependen del SNAP. Sin embargo, la orden también plantea preguntas sobre la capacidad del gobierno para manejar un programa tan amplio y crítico, y cómo financiarlo en el futuro.
