La reciente oleada de precipitaciones que ha azotado varios estados del centro de México ha dejado un saldo trágico: al menos 32 personas han perdido la vida, y miles más han sido afectados por el desastre natural.
En Hidalgo, el gobierno estatal confirmó 16 muertes directas relacionadas con el derrumbe de viviendas que no resistieron la intensidad del agua. La lluvia ha sido tan fuerte que ha llevado a la colapso total de más de mil viviendas, y otros 90 poblados han quedado aislados debido a la inundación de carreteras y caminos. La escena es de devastación: personas están atrapadas en los techos de sus casas, sin posibilidades de evacuarse o recibir ayuda.
En Veracruz, el río Cazones se salió de su cauce y afectó la ciudad de Poza Rica y sus alrededores. El río Tecolutla también se desbordó, sumando a las víctimas del derrumbe de viviendas y la inunda de carreteras. En total, seis personas han perdido la vida en este estado.
La situación es particularmente crítica en áreas rurales y pobres, donde la infraestructura no puede resistir el peso del agua. Familias enteras han sido obligadas a abandonar sus hogares y buscan refugio en centros de atención temporal. La falta de energía eléctrica ha sumado a la desesperanza, ya que muchos habitantes no tienen acceso a luz ni comunicación.
La respuesta oficial es lenta y débil, lo que ha llevado a un sentimiento de impotencia entre los afectados. «No hemos recibido ayuda alguna», dice una residente de uno de los pueblos aislados en Hidalgo. «Estamos completamente solos». La ausencia de recursos y apoyo ha llevado a muchos a sentirse abandonados, sin esperanza.
La naturaleza ha demostrado su poderío, pero es la responsabilidad del Estado y las instituciones garantizar la seguridad y protección de sus ciudadanos en momentos de crisis. Es imperativo que se tome medidas urgentes para evacuar a los afectados, restaurar las comunicaciones y servicios básicos, y proveer apoyo emocional y material a las víctimas.
La tragedia no solo es humana, sino también económica. La destrucción de viviendas y la inundación de carreteras ha paralizado la actividad económica en algunas áreas, lo que puede tener consecuencias graves para la economía local y nacional. Es importante que el Estado y las instituciones tengan una respuesta efectiva y coordinada para mitigar los daños y restaurar la normalidad.
Mientras tanto, la comunidad internacional ha comenzado a movilizarse para ayudar a los afectados. Organizaciones no gubernamentales y agencias de ayuda están trabajando en conjunto para brindar apoyo humanitario y financiero a las víctimas del desastre. Es importante que se continúe con la solidaridad y el apoyo, ya que la reconstrucción y la recuperación no serán fáciles sin una respuesta coordinada y efectiva.
La situación es grave, pero no hay tiempo para lamentarse. Es hora de actuar y trabajar juntos para restablecer la normalidad en estas comunidades afectadas.
