La violencia y la impunidad en Chiapas tienen un costo humano alucinante. Si se guardara un minuto de silencio por cada asesinato de niñas, niños y adolescentes que han ocurrido en el estado durante el último sexenio, el estado tendría que callar por aproximadamente dos horas con 20 minutos. Esta cifra es un dramático reflejo del nivel de violencia y desprotección a la que están sometidos los menores en Chiapas.

La organización Melel Xojobal, que trabaja estrechamente con este sector de la población, denunció ayer la situación alarmante en la entidad. La conclusión es inevitable: la violencia imperante y la omisión de las autoridades para garantizar justicia y seguridad a los niños y adolescentes han llevado a un desastre humano que no puede ser ignorado.

La globalización de la violencia ha generado una desvalorización de la vida humana, según la organización. Los niños y adolescentes no son más que víctimas inocentes en este panorama bélico. La falta de compromiso de las autoridades para proteger a esta población vulnerabiliza aún más su situación.

La estadística es impresionante: durante el último sexenio, al menos 270 niñas, niños y adolescentes han sido asesinados en Chiapas. No hay que olvidar que estos niños no tienen la culpa de ser víctimas de la violencia. Sin embargo, siguen siendo los más afectados por esta situación.

La impunidad es otra consecuencia directa de la violencia en Chiapas. Muchos casos de asesinatos y agresiones contra menores permanecen sin resolver, lo que significa que las autoridades no están haciendo suficiente para proteger a estos niños. La falta de justicia y seguridad es un factor que contribuye al aumento de la violencia en la entidad.

Melel Xojobal ha trabajado con este sector de la población durante años y ha documentado una serie de casos de violencia contra menores en Chiapas. La organización ha encontrado que muchos de estos niños han sido víctimas de explotación laboral, trata y prostitución, entre otras formas de violencia.

La respuesta de las autoridades a esta situación es insuficiente, según Melel Xojobal. La organización sostiene que las políticas de seguridad y justicia en Chiapas no están diseñadas para proteger a los menores, sino más bien para mantener el statu quo de violencia y impunidad.

La sociedad chiapaneca debe unirse para exigir que se haga algo al respecto. No podemos seguir permitiendo que los niños y adolescentes sean víctimas inocentes de la violencia y la impunidad. Es hora de que las autoridades tomen medidas efectivas para proteger a esta población vulnerabilizada.

La situación en Chiapas es un llamado a la acción para todos nosotros. No podemos seguir sin hacer nada mientras los niños y adolescentes siguen siendo víctimas de la violencia y la impunidad. Es hora de que nos unamos para exigir justicia y seguridad para estos menores, y para crear un futuro más seguro y prometedor para ellos.