En un nuevo y escalofriante capítulo de la guerra que desangra a Sudán, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, alzó la voz este miércoles para condenar con firmeza una ola de ataques con drones que, en apenas 48 horas, dejó un saldo de más de 50 civiles muertos en distintos puntos del país. «Estos ataques son un recordatorio brutal de las devastadoras consecuencias que tiene para la población el uso cada vez más frecuente de drones en este conflicto», advirtió Türk en un comunicado que también denunció los sistemáticos bombardeos contra infraestructuras esenciales, como mercados, centros de salud y escuelas, que han convertido la vida cotidiana de los sudaneses en una pesadilla.
El episodio más mortífero ocurrió el pasado 15 de febrero, cuando un dron presuntamente operado por las fuerzas armadas sudanesas impactó contra el mercado de Al Safiya, en la localidad de Sudari, estado de Kordofán del Norte. El ataque, ejecutado en pleno día, segó la vida de 28 personas y dejó a otras 13 gravemente heridas. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraban escenas de caos y desesperación: cuerpos tendidos entre los escombros, comercios destruidos y civiles corriendo en busca de refugio. Testigos relataron que el dron lanzó al menos dos proyectiles sobre la zona, donde decenas de personas realizaban sus compras diarias.
Pero la violencia no se detuvo ahí. Al día siguiente, en Kordofán Occidental, otro ataque con drones —atribuido nuevamente al Ejército sudanés— sacudió el refugio de desplazados internos de Al Sunut, un lugar que debería ser sinónimo de seguridad para quienes huyen de la guerra. El saldo fue desgarrador: 26 civiles muertos, entre ellos 15 niños, y 15 heridos. Las organizaciones humanitarias en el terreno describieron el escenario como «una carnicería», con familias enteras sepultadas bajo los escombros de las improvisadas viviendas. «Los niños jugaban fuera cuando ocurrió el ataque. No tuvieron oportunidad de escapar», declaró un trabajador de una ONG que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
Ese mismo 16 de febrero, en Kordofán del Sur, drones presuntamente operados por las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) alcanzaron dos escuelas primarias en la ciudad de Dilling. Aunque aún no se han confirmado cifras exactas de víctimas, los primeros reportes indican que al menos una decena de menores resultaron heridos. El ataque, que ocurrió durante el horario escolar, obligó a los maestros a evacuar a los alumnos entre gritos y llantos, mientras los drones sobrevolaban la zona lanzando explosivos. «Fue un milagro que no hubiera más muertos», comentó un profesor a medios locales.
Fuera de la región de Kordofán, el estado de Sennar también fue escenario de la barbarie. El 15 de febrero, un dron del Ejército sudanés impactó contra el hospital Al-Mazmoun, un centro de salud que atiende a cientos de pacientes diariamente. El ataque dejó al menos tres civiles muertos y siete heridos, entre ellos un trabajador sanitario que intentaba auxiliar a los afectados. Las instalaciones, ya de por sí precarias, quedaron parcialmente destruidas, agravando la crisis humanitaria en una zona donde el acceso a servicios médicos es casi inexistente.
Estos ataques se suman a una larga lista de violaciones al derecho internacional humanitario en Sudán, donde la guerra entre el Ejército y las FAR ha dejado más de 14,000 muertos y millones de desplazados desde abril de 2023. Expertos en derechos humanos han advertido que el uso indiscriminado de drones, sin distinción entre objetivos militares y civiles, podría constituir crímenes de guerra. Mientras tanto, la población sudanesa sigue atrapada en un conflicto que no da tregua, con cada día que pasa sumando más víctimas inocentes a una tragedia que parece no tener fin.
