La Comisión Unida del Senado ha aprobado con unanimidad la nueva ley contra la extorsión, que busca ser un golpe contundente en la lucha contra esta forma de delincuencia. La norma, que fue aprobada ayer noche con 33 votos a favor, introduce una serie de medidas para combatir la extorsión en los centros penitenciarios y garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad.
La principal novedad de esta ley es el plazo perentorio de 180 días que tiene el sistema penal para anular los equipos de comunicación de los reos. Esto significa que, a partir del momento en que la ley entre en vigor, los centros penitenciarios tendrán un plazo razonablemente breve para eliminar cualquier herramienta que pueda ser utilizada para facilitar la extorsión.
La medida es considerada un paso importante en la lucha contra esta forma de delincuencia, ya que muchos reos han encontrado formas creativas de comunicarse con el exterior y hacer presiones a sus víctimas. Los equipos de comunicación, como teléfonos celulares o tabletas, pueden ser utilizados para enviar mensajes amenazantes o exigir dinero a cambio de no revelar información confidencial.
La ley también establece penas más severas para los delincuentes que cometan extorsión en los centros penitenciarios. De acuerdo con la norma, estos individuos pueden ser castigados con hasta 42 años de cárcel, lo que refleja la gravedad de este tipo de delincuencia.
Enfrentar la extorsión en los centros penitenciarios no es solo una cuestión de justicia, sino también de seguridad. La intimidación y el chantaje pueden ser utilizados para controlar a otros reos y crear un ambiente de miedo y temor dentro del sistema penal. Al eliminar las herramientas que permiten esta forma de delincuencia, los centros penitenciarios pueden restaurar la integridad y la seguridad de los reos.
La aprobación de esta ley es un logro importante para el Senado y una muestra de compromiso con la lucha contra la extorsión. Sin embargo, también es un recordatorio del trabajo que queda por hacer para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas privadas de libertad en nuestros centros penitenciarios.
La implementación efectiva de esta ley dependerá de la capacidad de los centros penitenciarios para establecer procedimientos y tecnologías que permitan inhibir la entrada y salida de llamadas de telefonía y otros medios de comunicación. Esto requerirá un esfuerzo coordinado entre las autoridades penitenciarias, las agencias de comunicaciones y los operadores de servicios de telecomunicaciones.
En resumen, la aprobación de esta ley contra la extorsión es un paso importante hacia el objetivo de crear un sistema penal más seguro y justo. La eliminación de las herramientas que permiten la extorsión en los centros penitenciarios puede ser un catalizador para restaurar la integridad y la seguridad dentro del sistema penal, lo que a su vez beneficia a todos los involucrados, incluyendo a los reos, las víctimas de la extorsión y la sociedad en general.
