En un memorándum interno, el Departamento de Estado ha emitido instrucciones clarificadas sobre quiénes no serán considerados aptos para recibir visas para entrar a los Estados Unidos. Según estas nuevas directrices, la administración del presidente Donald Trump tendrá en cuenta factores como el sobrepeso, la edad avanzada y los padecimientos crónicos al evaluar las solicitudes de visas.
La comunicación interna destaca que los funcionarios encargados de procesar las solicitudes de visas deberían considerar inelegibles a aquellos solicitantes que presenten una probabilidad significativa de dependencia de asistencia social o que tengan problemas de salud que los hagan «convertirse en una carga pública». A continuación, se establece que la edad y el estado físico también serán factores clave en la evaluación.
La orden no especifica cuáles son las edades consideradas avanzadas ni qué nivel de sobrepeso o padecimiento crónico llevaría a la negativa de una visa. Sin embargo, los términos utilizados sugieren que se está buscando reducir el número de personas que requieren atención médica o asistencia social después de su llegada a Estados Unidos.
La medida ha sido condenada por organizaciones defensoras de los derechos humanos y grupos de migración. «Esto es un ataque directo a la dignidad y la integridad humana», afirma una portavoz de la Alianza para la Justicia en Migración, una organización sin fines lucrativos que defiende los derechos de los inmigrantes.
La medida también ha sido criticada por su carácter discriminatorio. «No hay estudios que demuestren que la edad o el sobrepeso sean factores predictivos de la capacidad de un individuo para contribuir positivamente a la sociedad», declara una experta en inmigración, quien pide que se consideren otros aspectos más relevantes, como la educación, el trabajo y la integridad moral.
A pesar de las críticas, la administración del presidente Trump ha argumentado que esta medida es necesaria para proteger al país de personas que podrían convertirse en una carga pública. Sin embargo, muchos expertos creen que esta política tenderá a afectar desproporcionadamente a grupos vulnerables, como los refugiados y las víctimas de la violencia.
La medida también plantea preocupaciones sobre su impacto en la salud pública. «Estamos hablando de personas con enfermedades crónicas que necesitan atención médica constante», afirma una doctora en medicina interna. «No hay manera de que esta política no afecte negativamente la salud pública».
En un momento en el que la discriminación y la xenofobia están en alza, esta medida ha generado preocupaciones sobre si se está priorizando la xenofobia sobre la justicia y la humanidad. La comunidad internacional sigue monitoreando con atención cómo evoluciona esta política y su impacto en los derechos humanos de las personas que buscan refugio en Estados Unidos.
