En una sesión tensa y emocionante en la Organización de los Estados Americanos (OEA), el gobierno del Perú presentó un llamado a replantear el derecho de asilo diplomático después de que la expresidenta Betssy Chávez, refugiada en la embajada mexicana en Lima, buscara protección política en México. Sin embargo, su petición fue tajantemente rechazada por parte del gobierno mexicano, quien argumentó que la OEA no es el marco adecuado para revisar este derecho.
La disputa surgió cuando Hugo de Zela, canciller peruano, pidió a la OEA que reevalúe el tratado de asilo diplomático, establecido en la Convención de Caracas de 1954. De acuerdo con este acuerdo, los funcionarios políticos pueden solicitar protección en una embajada extranjera si se consideran amenazados o perseguidos por motivos políticos. El Perú argumentó que el caso de Betssy Chávez es un ejemplo paradigmático de la necesidad de reformar este derecho, ya que la expresidenta busca protección política en México después de ser acusada de corrupción y malversación.
Sin embargo, la embajadora mexicana ante el Consejo Permanente de la OEA, Luz Elena Baños Rivas, reaccionó con firmeza a la petición peruana. «No se puede usar la OEA como un tribunal para evaluar las demandas políticas», dijo Baños Rivas. «La Convención de Caracas es clara en su aplicación y no hay lugar para la interpretación política». La embajadora mexicana sostuvo que el derecho de asilo diplomático debe ser evaluado individualmente, mediante procedimientos diplomáticos y no a través de la OEA.
La tensión entre Perú y México se intensificó cuando el canciller peruano, Hugo de Zela, argumentó que la OEA tiene una responsabilidad para proteger los derechos humanos y defender la democracia en América Latina. «La OEA debe ser un espacio seguro donde los funcionarios políticos puedan buscar protección sin temor a represalias», dijo De Zela.
En respuesta, Baños Rivas sostuvo que México no está dispuesto a convertir el derecho de asilo diplomático en un tema político. «No podemos permitir que la OEA se convierta en un tribunal político», agregó. La embajadora mexicana también recordó que México ha sido siempre defensor de la democracia y los derechos humanos en América Latina, pero no a través de la OEA.
La disputa entre Perú y México tiene implicaciones importantes para el futuro del derecho de asilo diplomático en América Latina. El caso de Betssy Chávez es solo el más reciente ejemplo de cómo este derecho puede ser utilizado por funcionarios políticos para buscar protección en una embajada extranjera. Sin embargo, la OEA y los gobiernos de América Latina deben encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la estabilidad política en el continente. La cuestión sigue sin resolverse y solo el tiempo dirá qué consecuencias tendrá este conflicto en el futuro del derecho de asilo diplomático en América Latina.
